Recuperar la memoria y la dignidad olvidadas

En la actualidad todo este proceso ha pasado en buena medida al olvido, con todas las consecuencias políticas y sociales que ello conlleva. Con este proyecto pretendemos precisamente recuperar la memoria; dar voz a los silencios y a los olvidos, que se han traducido en una manipulación de la historia, y en definitiva reconocer la labor de los hombres y las mujeres que durante años tuvieron que pagar con la pérdida de su libertad y con su trabajo haber luchado por la defensa de la legalidad democrática. En este sentido es necesario que los propios presos, sus mujeres, sus hijos… recuperen la palabra y con ella unos derechos que han sido escamoteados por el Estado. Es por eso que pretendemos recuperar y dar a conocer la vida de estos hombres y mujeres que vivieron una experiencia tan insólita como dura, al fin y al cabo nuestra meta es aprender de ellos: de sus experiencias, de sus vivencias, de sus sentimientos… difundir ese conocimiento, simplemente dando forma a una realidad que dejó de serlo y que ahora puede volver a ser parte de nuestro acerbo cultural y político. Es nuestra responsabilidad que las generaciones más jóvenes no olviden nunca la deuda pendiente con las generaciones mayores, sobre todo, con aquellas a las que se les negó primero la libertad y después la memoria.

En esta iniciativa que se propone confluyen una serie de factores que justifica su oportunidad e, incluso, sugieren un elenco de actividades a desarrollar íntimamente relacionada con la metodología y su finalidad última.

Desde hace unos años asistimos a un proceso de reconocimiento de errores del pasado, de abusos cometidos
en épocas de confrontación bélica. Entre los de mayor repercusión están la esclavización laboral del régimen nazi o la de tipo sexual en el Japón de la Segunda Guerra Mundial. No es un hecho nuevo en la historia ni, desgraciadamente, en la actualidad, pero sí lo es la conciencia social que exige una rehabilitación moral –por una cuestión de dignidad humana– que sólo podrá venir de mirar de cara los hechos sin falsearlos. Sin duda, actitudes de responsabilidad colectiva de este tipo constituyen indicadores de salud democrática de una sociedad que, con demasiada frecuencia, vacía de contenido palabras que encierran altos conceptos y valores… que sólo en palabras se quedan. De Alemania, Austria o Japón vienen algunos de estos signos esperanzadores, casi inevitables porque, como dijo Günter Grass, «…las generaciones futuras preguntarán…».

En «el canal de los presos», obra emblemática que simboliza estas circunstancias, se dan cita aspectos de esta naturaleza. Su estudio permitirá ampliar la estrecha perspectiva que en España se ha hecho sobre el reconocimiento de las consecuencias penales de la oposición al franquismo. La Ley de Amnistía de 1977 supuso la extinción completa de las penas y todos sus efectos por motivos políticos, aunque hubo que esperar hasta 1990 (disposición adicional 18a de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado), para que se estableciera un régimen de indemnizaciones. Dicho régimen se aplicaba a supuestos muy restrictivos: sólo considera el derecho de indemnización por la «privación de libertad» para un cierto número de años (tres) y para una cierta generación de la inmediata postguerra (52 años o más en 1977). Es decir, que fue tan restrictiva que dejó fuera a un colectivo numeroso que no pudo acogerse a ellas (algo menos de 60.000 personas beneficiarias, de un total de 102.000 solicitudes) como reconoce el Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe al Parlamento de 1999.

Con posterioridad, algunas Comunidades Autónomas han establecido normas propias que mejoran el parco tratamiento estatal. Entre ellas Andalucía. En general, estas normativas autonómicas amplían los supuestos indemnizatorios rebajando el nivel de exigencias de 1990, reduciendo el tiempo de cárcel durante toda la dictadura (hasta la Ley de Amnistía de 1977) y dotando algo más la cuantía económica.

Además de la parcialidad y restricciones con que ha sido contemplada esta «subsanación» de la deuda histórica con los presos de la dictadura franquista, en nigún caso se ha tenido en cuenta que, junto a la privación de libertad, ha existido otra modalidad de dominación y explotación, consecuencia directa de un régimen de dictadura militar: el «trabajo esclavo» de miles de presos que han aportado beneficios directos e indirectos a la economía del país y, muy particularmente, a determinados sectores públicos y empresas privadas.

Se trata, por tanto, de un concepto no previsto hasta ahora en las diferentes iniciativas sobre el régimen de indemnizaciones derivada de la dictadura, pero que, en la actualidad, está en el debate abierto en diferentes países europeos con relación a la utilización de presos por la Alemania nazi. Planteamiento que implica no sólo la responsabilidad del Estado, sino también la de grandes empresas, e incluso afecta a la Iglesia católica que ha mantenido una actitud titubeante. En todo caso, hay que destacar que en el centro de este debate, más allá de las indemnizaciones económicas, está la reparación moral hacia unas personas que vivieron doblemente los efectos de la dominación y explotación de regímenes totalitarios.

«El Canal de los Presos» reúne esos argumentos que, en su conjunto, podría simbolizar la reparación moral de aquellos sectores sociales sobre los que han pesado las más duras condiciones de vida y trabajo. Por ello, los objetivos de esta iniciativa no son sólo los de la estricta investigación histórica, antropológica o jurídica, sino que también incluyen los de sensibilizar a la sociedad actual sobre acontecimientos del pasado que han sido silenciados de forma indigna para quienes lo padecieron. Es una obligación democrática el reconocimiento público y la rehabilitación moral de las personas que fueron objeto de la represión, y obligadas a realizar trabajos civiles en duras condiciones de precariedad y sufrimiento.