Terminada, en abril de 1939, las operaciones bélicas de lo que se conoce como Guerra Civil, todos los órdenes de la vida española quedaron afectados por las nuevas condiciones políticas y económicas impuestas por los vencedores. Incluso se podría considerar incorrecto, dado que el estado de guerra no se levantó hasta cerca de una década después, hablar de postguerra: para España comenzaba los años de la «victoria», no de la «paz».

Son cada vez más numerosos los trabajos que están analizando estos años durante los que la represión, las operaciones de «limpieza» de los focos de resistencia, las carestías económicas, las duras condiciones de vida y los desplazamientos de población, continuaron configurando el negro panorama de una nación convertida en un inmenso cuartel. Los controles de residencia y desplazamiento eran una realidad tan cercana como las cartillas de racionamiento. Como también lo eran el exilio o la prisión de cientos de miles de españoles derrotados.

Desde 1936, a medida que los sublevados fueron ocupando poblaciones y comarcas, se abrieron campos de concentración en donde se clasificaban a los prisioneros. Su destino bien podían ser sus localidades de origen –donde les aguardaba el consejo de guerra y la cárcel o la «desaparición»– o convertirse en miembros de los batallones del ejército franquista. Acabada la guerra «abierta» se produjo una cierta desmovilización que sustituyó el destino militar por la cárcel o los campos de trabajo, modalidad ésta que tenía como finalidad aprovechar una mano de obra «barata» y «disciplinada» para la cual se diseñó una estrategia que incluía su fundamentación ideológica de inspiración nacional-católica.

Fueron estos trabajadores quienes a lo largo de todo el país protagonizaron la construcción de grandes obras públicas, barriadas de viviendas, e incluso obras monumentales simbólicas a mayor gloria del franquismo. En la memoria de todos están algunas de las más importantes, como el «Valle de los Caídos», aunque se podría decir que no hay provincia en la que no podamos encontrar obras en las que no intervinieran «los presos». Todo ello requirió crear una estructura organizada encargada de facilitar, o de llevar adelante por sí mismo estos trabajos (el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, los Batallones de Trabajo, etc.), y toda una ideología justificadora de este esclavismo, cuya expresión más acabada es «la redención por el trabajo» del jesuita Pérez del Pulgar.

Este organismo fue adjudicatario de numerosas obras públicas (carreteras, poblados, obras hidráulicas, etc.) en Andalucía, aunque también se dedicó a «alquilar sus recursos humanos» a empresas que de esta forma se vieron beneficiadas y posibilitó su enriquecimiento. El procedimiento habitual como adjudicatario directo se iniciaba mediante solicitud del propio Servicio, y tras los informes favorables, se rubricaba un Convenio entre la administración competente y dicho Servicio, que se hacía cargo de las obras por el sistema de administración. Entre dichas obras cobra un especial significado el Canal del Bajo Guadalquivir, algunas de cuyas secciones fueron realizados por este procedimiento, siendo en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la parte demandante de los servicios que prestaba Colonias Penitenciarias Militarizadas.