¿Qué datos son los que se obtienen y se incorporan al fichero?

- Propuestas de licenciamiento definitivo y acuerdos de conclusión de expediente de libertad condicional. Se entiende que estos datos se obtienen para dos fines. Por una lado, para realizar un control posterior -cuando el preso esté libre-, lo que hace ilegal la obtención del dato y la posible intervención porque el objetivo del mismo no es la prevención de incidentes dentro de las cárceles. Por otro lado, la obtención del dato y la actividad de control puede incidir en la decisión de pronóstico final que emita la Junta de Tratamiento y que figure en el expediente de libertad condicional antes de que sea elevado al Juez de Vigilancia. Nada impide que tras la comunicación a la Dirección General, el pronóstico pueda ser variado arbitrariamente, ya que ello no se puede controlar judicialmente. - Excarcelaciones para traslado a otra cárcel u hospital. - Ingreso procedente de un traslado, ya sea de tránsito o destino. - Las modificaciones en su situación penal y procesal, así como las penitenciarias. - Los acuerdos de los órganos colegiados y resoluciones de los órganos unipersonales (sanciones, cancelación, destinos, recompensas, intervención de las comunicaciones, propuestas de art. 10, clasificaciones, grados). - Comunicación con los letrados, indicando nombre de los mismos; (no es legal el control a profesionales por parte de la administración penitenciaria). - Cualquier incidente regimental incluso sospechas de que puedan protagonizarlo. (Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, toda vez que sobre esas sospechas pueden derivar restricciones de derechos o un aumento de control). - Participación en actividades programadas. - Solicitudes de permisos de salida, antes de proceder a su estudio por parte del equipo técnico con indicación del domicilio donde fijaría su residencia. (Estos datos son los que pueden influir subrepticiamente en la denegación de los permisos para estas personas. Estar incluido en alguno de los ficheros es uno de los impedimentos, en la práctica, para la concesión de los permisos. Este criterio se maneja hábilmente en las Juntas de Régimen, pero el dato no se refleja posteriormente en los acuerdos adoptados. Así, el permiso se denegará por otros motivos: importancia del delito o trascendencia social, falta de consolidación de factores positivos, etc.).

- Autos o resoluciones de los Juzgados de Vigilancia o Audiencias que resuelvan quejas planteadas por estas personas, siempre que tengan alguna trascendencia para el régimen del establecimiento.
- Cualquier otra información de interés.
Respecto de los de FIES- 1, (Control Directo), se remitirá los lunes de cada semana a la Subdirección de Seguridad la ficha de seguimiento personal y la información correspondiente.

En relación con los internos incluidos en FIES-2 y 3, cuando se trate de asuntos urgentes se informará telefónicamente al área de Intervención de Colectivos especiales de la Subdirección General de Gestión Penitenciaria. Se entienden como asuntos urgentes los siguientes:

-Libertades, excarcelaciones, antes de que se produzcan las mismas; (no tienen ningún tipo de eficacia hacia la prevención de situaciones conflictivas en la cárcel).
- Autos u otras resoluciones judiciales que acuerden la clasificación o progresión a tercer grado.
- Fallecimientos.
- Agresiones o incidentes graves.
- Salidas de permiso antes de que se produzcan.
- Resoluciones judiciales que modifiquen el régimen de vida de los mismas.
- Consultas médicas. Cuando el interno solicite ser visitado por facultativos ajenos a la institución se solicitará igualmente, autorización de la Subdirección General de Sanidad penitenciaria y los datos personales del facultativo requerido. (No parece ajustado a la legalidad el control del facultativo correspondiente).

Para narcotraficantes el control aumenta con los siguientes medios:

- Destino a módulos o departamentos que cuenten con medidas de seguridad adecuadas, donde puedan controlarse la relación o el contacto con otros internos de su organización.
- Control sobre éstos durante todas y cada una de las actividades que desarrollen.
- Control sobre las comunicaciones familiares y con otras personas (con indicación semanal de las personas con las que comunica, comunicaciones especiales vis a vis, familiares o de convivencia, indicando el DNI y parentesco de todas ellas). Mensualmente se debe remitir una relación de todas las comunicaciones indicando DNI y parentesco de todas las personas con las que se comunica; llamadas de teléfono, señalando el número y si es posible datos de la llamada. Asimismo comunicaciones escritas, aunque la mayoría las tiene intervenidas. Este medio de control para obtener la información vulnera el secreto de las comunicaciones al exigir el control de los comunicantes (cuando éstos son ciudadanos libres) y los datos de la llamada, sin previa declaración de intervención.
- Relaciones con los funcionarios.
- Relaciones con otros internos.
- Rol y capacidad de liderazgo.
- Relaciones y posibles vinculaciones con otros grupos.
- Control sobre el movimiento de sus cuentas de peculio, indagando el origen de sus aportaciones, así como las extracciones para otros internos y ex-internos.
- Cuando se valore la posibilidad de asignarle un destino, deberá cuidar que no sea de los de confianza, que no conlleve la realización de tareas en el exterior o tenga acceso a otros medios de comunicación.
- Ante salidas al exterior del departamento para realizar actividades culturales tienen que observar idénticas prevenciones.
- Durante la celebración de las comunicaciones con el exterior se tendrán en cuenta las limitaciones y medidas de seguridad o control previstas en la ley.
- Periódicamente y por estrictas razones de seguridad serán cambiados de celda.
- Se potenciará respecto de ellos las medidas de seguridad interior inmediatas (cacheos, recuentos, requisas) del art. 65 RP.
Para el control de presos especialmente peligrosos y conflictivos se intensifican los mecanismos controladores llegando, en sus consecuencias, hasta la negación absoluta de la intimidad y, por tanto, de la dignidad:
- Al menos dos veces por semana se registrarán todas y cada una de las dependencias de la cárcel y diariamente las que se consideren vulnerables por los internos que las albergan.
- Los que tengan aplicado el régimen cerrado y los que pasen por prescripción médica la mayor parte del día: inspecciones oculares periódicas.
- Datos diarios al jefe de servicio sobre cacheos realizados (a diario), actitudes, relaciones con otros internos, incidentes. (Esos datos se comunican diariamente a la subdirección de seguridad).
- Cambios periódicos de celda.
- No pueden estar dos presos FIES en una misma celda, ni situados en dos contiguas.
- Las rondas nocturnas deberán hacerse respetando la dignidad de la persona presa y las horas de descanso nocturno. Tienen que llevarse a cabo con la periodicidad que se considere adecuada, en función de los distintos tipos de régimen FIES, en un intervalo no superior a una hora. Su realización y las novedades que pudieran producirse, deberán ser registradas en un libro a tal fin, que se custodiará en la jefatura de servicios. Nos sorprende que se establezca la necesidad de que se observe el respeto a la dignidad y las horas de descanso -descripción formal de que la práctica de control se hace conforme a la legalidad- y posteriormente se señale que los intervalos nunca serán superiores a una hora. ¿Qué entienden por dignidad los legisladores carcelarios? Esta situación supone la negación más absoluta de la intimidad: 21 horas en celda si están clasificados en primer grado, cambios de celda continuos, cacheos diarios, y control nocturno cada hora. Como ya fundamentaremos más adelante esta situación supone la vulneración del derecho a la dignidad y a la intimidad.

En caso de que las comunicaciones estén intervenidas, las cartas, tanto de entrada como de salida, se fotocopiarán todos los días y se remitirán a la Coordinación de Seguridad. Existe una normativa interna que dispone que cuando transcurran más de 15 días sin que la Coordinación de Seguridad haya contestado se dé trámite a las mismas. Lo que quiere decir que las cartas se reciben al menos con 15 días de retraso sobre el día en que han llegado a prisión. Esta intervención, en la mayoría de los casos, es por tiempo indefinido. Se va renovando trimestral o mensualmente, aunque no haya existido novedad alguna durante el tiempo de la intervención.
Para poder comunicar con amigos por locutorio general, los presos FIES han de solicitar autorización que se cursa a través de la Coordinación de Seguridad (DGIP), en la que se indicarán nombre y apellidos, así como el DNI. Esta solicitud tarda en ser contestada entre mes y medio, y dos meses. Una vez recibida la contestación de la Coordinación de Seguridad, se les autoriza una comunicación durante un período de tres meses, y en caso de ser trasladados de cárcel, la autorización pierde la validez.

Existen varias posibilidades de excluir a presos de los ficheros de especial seguimiento:

Primera.- La puerta la abrió el Tribunal Constitucional, mediante resolución de 15 de septiembre de 1994 (Auto 241/1994), por la que acordó la suspensión de las medidas derivadas de la inclusión en dicho fichero por entender que el tratamiento ordenado por la Circular que lo regula incidía directamente en las posibilidades de movimiento y de comunicación de individuos sometidos a penas privativas de libertad y, dado que aquella privación añadida sobre bienes tan esenciales es, en sí misma, irreversible, se procedió a acordar la suspensión del tratamiento penitenciario del que eran objeto los presos.
Aunque la decisión del Tribunal Constitucional únicamente suspendió la aplicación del régimen FIES a los dos recurrentes, sin embargo, la propia autoridad penitenciaria o, en su defecto, los Jueces de Vigilancia Penitenciaria (art. 76.1 LOGP) pueden suspender todas las medidas restrictivas de tratamiento que vienen aplicándose a los internos llamados FIES, en virtud de la argumentación adoptada por el Tribunal Constitucional (Autos JVP num. 1 de Madrid de 17 de agosto de 1995, 22 de febrero de 1995 y 23 de febrero del 995).
Para ello hay que recurrir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y argumentar los derechos que se ven restringidos (intimidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad) y toda la argumentación que se ha expuesto a lo largo de este artículo.
Segunda.- También puede hacerse la exclusión argumentando la ausencia de motivación e individualización en la resolución. En este sentido el Auto núm. 571/1997 de 28 de mayo de 1997 dictado por la sección 5d~ de la Audiencia Provincial de Madrid, señala que «el recurso debe prosperar, con el efecto de excluir al interno del mencionado fichero, pues si la mera condena por delito de tráfico de drogas, sin más especificaciones, es insuficiente para afirmar que el penado deba ser incluido entre determinados grupos de internos a fin de poder ejercer «un control adecuado frente a fórmulas altamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario». No se han agotado las razones para que el cambio en la norma de apoyo suponga un mantenimiento de la situación del interno, ni se han expuesto no ya las razones formales para el mantenimiento en la inclusión sino tampoco las razones jurídicas para la inclusión inicial en ese fichero (fichero que pretende por una parte ser útil y de otra no afectar para nada la vida del interno lo que es dudosamente compatible, pues raro será que el control adecuado y el especial seguimiento no afecten cuando menos a la vida regimental y probablemente también a la vigilancia y al propio sistema de clasificación). En definitiva, la inclusión en ese fichero, y por tanto la consideración como integrante de un grupo de internos de las características antedichas, requiere una motivación que por ninguna parte aparece en el expediente» (También en Auto de AP 5~a 326/1998, de 25 de marzo).
Esta motivación debe ser más clara cuando algunos internos estaban incluidos en este fichero estando en vigor la Circular de 2 de agosto de 1991 que ha sido derogada. Tras la derogación de esa Circular con arreglo a la cual fue incluido en el FIES en 1992, rige la Instrucción 21/96 de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios sin que consten las razones, tras esa Instrucción, que aconsejan mantener en dicho fichero al interno incluido en él, conforme a la Circular derogada. Asimismo, se establece la exclusión de los presos preventivos (Auto 323/1997, AP 5a Madrid).
Tercera.- Una tercera posibilidad se abre por la vía del art. 6 de la LOPJ (Auto del JVP núm. 3 de Madrid de 22 de marzo de 1995). Esta norma posibilita la inaplicación de la Circular FIES, toda vez que el mandato de la LOPJ es de inaplicación de reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa.
Cuarta.- La exclusión total del ordenamiento jurídico en base al control de constitucionalidad y legalidad ordinaria que corresponde a los jueces y magistrados respecto de disposiciones normativas sin rango de ley, inaplicándolas cuando estén en contradicción con lo previsto en la Constitución y las leyes. Su fundamento se encuentra en el art. 106.1 CE y debe hacerse por la vía contencioso-administrativa.

Notas:
1.- La única posibilidad de introducir en este fichero a personas es por los motivos establecidos. La inclusión debe quedar suficientemente motivada.
2.- La posibilidad de incluir en este fichero a preventivos y presuntos supone un atentado contra el dereebo fundamental a la presunción de inocencia; hecho que supone un vulneración de la normativa constitucional.
3.- 5T5 20 de diciembre de 1966; 5T5 30 de junio de 1996; STC 102/1988, de 8 de junio.
4 .- STS 18 de noviembre de 1987; STS de 17 de febrero de 1987.
5.- Cfr., BAENA DEL ALCÁZAR., M., «Instrucciones y Circulares como fuente del Derecho administrativo», RAP n'- 48 (1965), p. 118 y nota 39).
6.- BAENA DEL ALCÁZAR, M., op. <it., p. 121.
7.- Por ejemplo, la anulación que lleva a cabo la STS de 26 de mayo de 1976.
8.- López Benítez, M. Naturaleza y presupuestos condicionales de las relaciones de sujección especial, Civitas, Madrid, 1994, pag.- 375.
9.- García Morillo, J. El Derecho a la libertad personal. Tirant lo Blanc, Valencia, 1995, pags 63-64.
10.- STC 52/1995, de 23 de febrero, FJ 5; 5TC 291/1993. de octubre, FJ 2; 5TC 62/1982, de 15 de octubre.